Puerto Plata.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata dictó 18 meses de prisión preventiva contra una pareja de esposos acusados  de estafar a varios beneficiarios del programa de ayuda estatal “Quédate en Casa”, coordinado por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) con el objetivo de paliar la crisis asociada a la pandemia provocada por la COVID-19.

Los esposos Jennsse Raúl Susaña Santana y Elizabeth Báez Leonardo fueron enviados a prisión luego de que el Ministerio Público demostrara ante la jueza Yeni Martínez, su vinculación a una estafa contra decenas de personas de las comunidades de Palo Blanco y Camú, de Puerto Plata, mediante el uso de los fondos de “Quédate en Casa”.

Susaña Santana cumplirá la prisión en la Fortaleza San Felipe, de Puerto Plata, y su esposa Elizabeth Baez Leonardo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago.

Los imputados fueron sometidos a la justicia en el transcurso de una investigación realizada por la Fiscalía de Puerto Plata, la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

El juez que conoció la medida de coerción declaró el caso como complejo.

Los imputados captaron los datos asociados a las cédulas de identidad y electoral de los beneficiarios y luego los utilizaron para favorecerse con los fondos que eran dispensados por la Adess a favor de los beneficiarios-denunciantes.

El expediente indica que los imputados decían a los beneficiarios de la Adess que habían sido excluidos del programa y que carecían de balance, cuando en realidad el Estado les depositaba RD$2,500 quincenales que fueron subsecuentemente obtenidos de manera fraudulenta por los encartados.

Señaló que, posteriormente, los denunciantes se percataban de que tenían balance y de que se reflejaban consumos realizados por terceros en sus cuentas, por lo que dieron parte a las autoridades. La investigación llevó al arresto de los implicados en Bávaro, Punta Cana, con el apoyo de la Fiscalía de La Altagracia.

A los imputados se les ocupó objetos y documentos relacionados a los hechos investigados que les vinculan directamente a la estafa en contra de los denunciantes y beneficiarios de las ayudas sociales y del Estado dominicano.

El Ministerio Público calificó el hecho como una violación a los artículos 14, párrafo 15, 17 y 20 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.