Angel Lockward
Un Ministro de esta Administración me decía hace poco: Los dominicanos no tenemos cómo pagar a los venezolanos su generosidad.
Los más jóvenes podrían pensar que se refería a que Duarte vivió allí exiliado la mayor parte de su vida; pero él se refería más a la cantidad de dominicanos que vivieron allí exiliados durante la dictadura de Trujillo y al apoyo que siempre brindo Betancourt en su contra, lo que le costó un atentado cuyas marcas llevó el resto de su vida.
Ese alto cargo al hablarme tenía igualmente presente el apoyo de Carlos Andrés Pérez a la democracia en 1978 – quien despertó al Presidente Carter para evitar el fiasco electoral - y, los 180 mil domínanos que recibió Venezuela en la década de los 80 cuando pasamos momentos económicos difíciles; la generosidad de éste y más tarde la de Chávez para enfrentar la crisis generada por el aumento en los precios del petróleo, no tiene comparación en nuestra historia, no por los más de USD$ 4,000 que nos facilitaron – y que ya pagamos – sino por lo oportuna de la ayuda y como me expresó Leonel Fernández siendo Presidente: Sin condiciones, nunca pidió nada.
En ocasión de la intervención de 1965 Venezuela fue el único país que no prestó sus soldados para pisar suelo dominicano a la “OEA”.
La democracia en Venezuela, por razones que no son el objeto de este enfoque, colapsó y, la prospera y rica nación vio caer su producción de petróleo, espina dorsal de su presupuesto a apenas el 10% de su producción de los años dorados de la democracia en la década de los 70; sin rumbo anda los caminos de un estado colapsado y 4 millones de sus ciudadanos han sido forzados al exilio político o económico, como parias por el mundo.
Es gente académicamente preparada, 45 mil de los cuales han llegado hasta República Dominicana, empero apenas 12,913 lograron su residencia, otros 1,653 estaban en trámite y al resto les pilló por sorpresa la decisión de nuestra Cancillería el 12 de diciembre pasado, de requerir visado cuatro días mas tarde, en ejercicio de una potestad soberana que pocas veces ha sido ejercida con mayor injusticia y violación a los derechos fundamentales de la gente.
Miles que tenían pagadas sus vacaciones de navidad, perdieron los billetes y pago de hoteles, pero mayor fue la cantidad que estando fuera del país no pudo regresar a reunirse en diciembre con sus familias… y todavía no han podido.
Según un reciente muestreo en más de tres mil venezolanos en esta situación el 14% por ciento está casado con ciudadanos dominicanos y, desde luego que conforme a la Constitución, tienen la nacionalidad dominicana y qué podemos decir del 7% que tiene hijos dominicanos por la nacionalidad de uno de sus padres.
En el marco de un eufemismo cruel, se les remitió a buscar el visado en el Consulado dominicano en Caracas; si eso era difícil para los que fueron pillados en navidad allá, más cruel fue informarles a los venezolanos que estaban acá que debían ir a Caracas a depositar sus documentos para obtener un visado - que quizás no les darían – meses después…sin contar que ya no había vuelos y que obtener los documentos en Venezuela, es casi imposible.
Para que el resultado de tan infausta disposición, soberana pero violatoria del debido proceso, tuviera una crueldad más efectiva llegó la Pandemia y con ella el Estado de Emergencia, acá y allá.
No pudiendo ir porque no hay vuelos a Venezuela a la mayoría se les vencieron sus pasaportes cuya renovación en tiempos normales les cuesta entre US$ 500 y USD$ 1,000 en el mercado negro: Les estamos negando el derecho a legalizarse, dejándolos a merced de abusadores y desprotegidos, con todos sus derechos anulados.
La ilegalidad a que están forados es fuente de humillaciones contrarias a la dignidad humana y de abusos en los derechos de las personas impropios de un Estado Social y Democrático de Derechos como establece el artículo 7 de la nuestra Constitución, violatorio además de los pactos suscritos por la República, quien la padece no puede: Trabajar en forma regular, acudir en busca de protección a la Policía o Fiscalía, acudir al sistema de salud, disponer de un seguro médico, transitar por la calle sin sufrir abusos y humillaciones, abrir cuentas en los bancos, tener una tarjeta de crédito, firmar un contrato de alquiler… en fin, carece de la protección básica a sus derechos fundamentales: Incluso, cuando les asesinan, como ha sucedido varias veces, ni siquiera se investiga, todo lo que viola los derechos fundamentales garantizados por nuestra Carta Política y, al Gobierno le bastaría con aplicar el artículo 44 de la Ley 285-04, del Gobierno de Hipólito Mejía.
Art. 44: El extranjero peticionario interpondrá su solicitud de residencia temporal o residencia permanente ante la dirección general de migración, debiendo presentar toda la documentación requerida a esos fines por el reglamento de esta ley y las disposiciones administrativas emanadas al efecto.
Una simple disposición administrativa: Decreto del Presidente o Resolución del Ministro o Director, para que estando en el país – por vía de excepción - les reciban los documentos para residencia temporal a quienes están en nuestro territorio, exclusivamente: Un país no debe forzar a la ilegalidad a las personas para que las instituciones y perversos abusen de ellas: El visado, puede mantenerse en virtud del principio de reciprocidad, pero los que llegaron antes y organizaron sus vidas, incluso casándose con dominicanos, tienen derechos adquiridos; esto no tiene nada que ver con diplomacia, ni con Maduro o Guaidó, es sólo sobre los derechos fundamentales de las personas.
Hoy la voz del Patricio, Juan Pablo Duarte, parece recordarnos al leer su ideario:
- Sed justos, lo primero, si queréis ser felices.
¿Cómo ha podido nuestro Gobierno ser tan injusto e indolente con los hijos en desgracia de aquella nación a la que tanto debemos y a la que aun pagándoles, no les podremos pagar?
¿Cómo tenemos limpiando vidrios a una profesora venezolana con doctorado o master en matemáticas, mientras obtenemos las calificaciones más bajas en esta asignatura?
Si no lo hacemos por Justicia, hagámoslo por interés, pues la regularización de los nacionales venezolanos en el país reportaría unos USD$ 2.0 millones al fisco.
