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Cómo la administración de Abinader atacaría vicios de las últimas designaciones de Danilo



Ángel Lockward


SANTO DOMINGO.  La gente piensa con razón que este lunes con la juramentación del nuevo Gobierno, se inició el cambio; entienden que habrá medidas para mejorar el manejo del covid 19 y reactivar la economía, en particular, turismo y construcción por ser las áreas que promueven más rápidamente la inversión y el empleo.


Hay sin embargo algunas cuestiones inmediatas, urgentes y conflictivas que independiente de las decisiones seguirán cursos judiciales, por ejemplo, la denuncia de la incorporación a la carrera diplomática de 57 funcionarios en la Cancillería: Nadie duda que algunos lo merecen… y que es legal, pero el paquete es muy difícil de defender en una entidad en que el 80% de los funcionarios designados en el exterior cobraban – millones de dólares cada mes - sin asistir nunca a la sede, sin que jamás ni siquiera se acreditaran en los países en donde estaban designados, cuando no era que iban al país tomaban posesión y nunca volvían: En resumen, tiene una dudosa legitimidad.


Ante la denuncia del Canciller Álvarez el Ministro de Administración Pública twiteó solicitando el envío de una carta para revisar la resolución: La Cancillería debe continuidad y fue ese Ministerio que solicitó la incorporación, lo que procede es que el MAP, aplicando disposición de lesividad establecida en la Ley 103-07, revise la resolución cuestionada en función de los cuatro motivos que establece la doctrina. En todo caso, el tema irá a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.


Ahora bien, en derecho y lógica diplomática lo que procede es “llamar a todos los embajadores”,  personal diplomático y consular que no va a ser ratificado, a consulta – ahora mismo - dejando exclusivamente un Ministro a cargo, pues con esa medida, el Estado se ahorra de inmediato unos USD$ 55 millones anualizados – en alquileres, gastos de representación y excedentes de la dotación-, mientras rápidamente, selecciona quien se queda. En  cuanto a los embajadores, a quien corresponda, simplemente se les deja acá en disponibilidad enseñando en la escuela diplomática con el sueldo en pesos que corresponde al cargo y de inmediato, para los nuevos, se solicita el placet.


Otro problema que empieza hoy es en el Ministerio de Educación pues Navarro se las arregló, al margen de la Ley, para designar a todos los directores, con el objeto de que la nueva autoridad, reine pero no gobierne: Este asunto, pasando por el MAP, posiblemente también irá al TSA.


Según el PLD Pacheco tampoco puede designar a nadie en la Cámara de Diputados pues “todos son de carrera”… a la carrera y, despedir, en esta institución como en las demás, tiene un altísimo costo financiero que, en muchos casos, la entidad no está en condiciones de cubrir: Imaginen el caso de los ayuntamientos que operan con una liquidez pobre y, de igual forma, las empresas o instituciones que serán suprimidas o refundidas.


No hay dudas que uno de los casos que suscitara mayor atención pública, en este aspecto, es el Ministerio Público puesto que la Procuradora General, luego de las dos remociones del PLD realizadas primero por Radhames Jiménez  y luego por Jean Rodríguez, es casi totalmente de factura morada: Ejecutar la política criminal, en particular el sensitivo tema de la corrupción, con una justicia controlada políticamente – en la cúspide – y los titulares del Ministerio Público en cada provincia, abanderados políticamente, es imposible. Desmontar eso es la primera tarea y, eso  también pasará por el MAP y llegará al Tribunal Superior Administrativo, en donde el Presidente Abinader tuvo el acierto de designar a un nuevo incumbente conforme le faculta la Constitución.


En fin que si bien los actos dictados por la Administración de Medina, en sus últimos momentos, son legales y como tales ejecutorios eso no quiere decir que no puedan ser atacados por ante lo Contencioso Administrativo si, a) son lesivos, b) violaron alguna norma o carecen de motivación adecuada y, por experiencia debo indicar, que la mayoría de los actos del Gobierno son contrarios al ordenamiento jurídico o sufren vicios. 

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