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Entre corruptos, ciudadanos, políticos y empresarios



Hay un consenso de que la corrupción amenaza con erosionar los cimientos de gran parte del bienestar económico, el potencial desarrollo y la estabilidad política de Latinoamérica. Uno de los mayores problemas que puede tener un país es el de la corrupción, si consideramos que distrae una enorme cantidad de recursos públicos, empeora notablemente los servicios del país y deteriora la legitimidad democrática. Así, el impacto de la corrupción en América Latina y Caribe es enorme.


Pero se hace necesario analizar algunos ensayos realizados, además de hacer un minucioso análisis en el que evaluemos el desenvolvimiento de los actores políticos y los empresariales que interactúan en las sociedades y las economías latinoamericanas.


Sin dudas, el flagelo de la corrupción administrativa está profundamente arraigado, alentado por la impunidad, al punto de que en nuestro país no hay un sólo condenado de forma irrevocable, por ese delito, pese a incontables denuncias que han alcanzado a miles de millones de pesos y a pesar de los recientes sometimientos, hasta hoy sólo podemos hablar de sometimientos y más recientemente, condenados en primera instancia; pero no hay sentencias o condenas irrevocables.


Durante años se viene tratando de calcular a cuánto asciende lo que se le roba al pueblo dominicano a través de ese sistema de corrupción, pero se hace imposible hacer un cálculo con alguna sustentación. Sin embargo, organismos multilaterales y algunos políticos se han atrevido a estimar que este fenómeno sustrae por lo menos el 10% del presupuesto, más 5% o menos 5% según el gobierno de turno.


Pero si consideramos que las sociedades modernas, los países o naciones poseen un conjunto de normas descritas en leyes que regulan el desenvolvimiento y las reglas de coexistencia entre las autoridades y los ciudadanos, dando origen a un pacto social. Habría que mencionar a otro flagelo que también amenaza con erosionar los cimientos del bienestar económico, el potencial desarrollo y la estabilidad política de Latinoamérica, conocido como Evasión Fiscal y que, según estimaciones de organismos multilaterales y entidades estatales, ronda por el 50%.


Lo que quiere decir que de cada RD$100.00 que recauda el Estado:


- Los ciudadanos, profesionales independientes y empresarios dejan de pagar RD$100.00 que, según nuestras leyes, le corresponden al presupuesto y,

- Los políticos, servidores públicos y suplidores del Estado sustraen RD$10.00 o RD$15.00.


En otras palabras, el Estado sólo cuenta con el 42.5% de lo que debería percibir para poder realizar las obras de infraestructuras que promocionen el desarrollo, sustentar la nómina publica, los planes sociales y el pago de la deuda externa.


Ambas practicas (Corrupción Administrativa y Evasión Fiscal), amenazan el bienestar económico, el potencial desarrollo y la estabilidad política; de ahí el subdesarrollo de nuestras economías y últimamente, los errores que han cometido naciones Latinoamericanas en seleccionar candidatos y gobiernos con actitudes autoritaria que atentan contra nuestras democracias.


¿Culpables? La falta de un adecuado Régimen de Consecuencias, que sancione tanto a los malos políticos que se corrompen y sustraen los recursos del Estado, como a los empresarios que dejan de pagar los impuestos que, por Ley, también le corresponden al Estado. Y hacemos esta aclaración, porque hemos podido notar que en los últimos años se ha querido satanizar a la clase política y a los actores políticos latinoamericanos, incluso se ha comenzado a promover la sustitución de estos por actores del sector empresarial; pero haría falta evaluar quienes restan más o menos a los recursos que les corresponde al Estado invertir o gastar.


De ahí que vemos que en los países desarrollados algunos de los delitos más perseguidos y que más respeto genera a las sociedades desarrolladas son: En primer lugar, la Evasión Fiscal, que a través de estas normas se ha conseguido apresar a grandes hombres de las mafias, el narco tráfico, políticos y otros; y en segundo lugar la Corrupción Administrativa. Por eso manifestamos nuestro apoyo al Ministerio Público Dominicano, que ha comenzado a gestionar sanciones, contra aquellos políticos que de alguna forma han defraudado al Estado, pero igualmente, exhortamos a nuestras autoridades a revisar y hacer cumplir las Leyes Fiscales, de forma que la evasión se reduzca a la mínima expresión.


Si bien la economía de nuestro país no depende exclusivamente de lo que recaude por concepto de impuestos, es un hecho que la Evasión Fiscal afecta las finanzas públicas, tanto o más que la corrupción administrativa, ya que, al disminuir los recursos recaudados, el Estado posee menos dinero para invertir en obras, programas y acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y propicien el desarrollo económico del país.

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