La República Dominicana (RD) acoge el mayor número de refugiados y migrantes venezolanos en la subregión del Caribe (114.000) y se anticipa que a diciembre de 2021, este número llegará a los 121.000 personas.
Muchos venezolanos en RD no gozan de un estatus migratorio regular y se enfrentan a barreras para acceder a servicios básicos, instituciones financieras y educación superior. Por falta de acceso al mercado laboral formal, algunos venezolanos han recurrido a mecanismos de adaptación negativos, incluido el sexo forzado, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, exponiéndose a riesgos de explotación y abusos. Actualmente, los venezolanos tienen derecho a atención sanitaria de primer nivel y urgencias gratuitas, así como pruebas de COVID-19; sin embargo, se enfrentan a dificultades para obtener atención secundaria y especialidades.
Cerca de 6 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y un nuevo capítulo de luces y sombras se ha abierto recientemente en América Latina, en donde mientras Colombia opta por su regularización Chile los deporta evidenciando que su permanencia ilegal es un problema en plena pandemia.
Pese al cierre de fronteras por el coronavirus, entre 500 y 700 migrantes y refugiados de Venezuela siguen saliendo diariamente de su país, principalmente a través de Colombia, de acuerdo a la Acnur.
«Hay casi 6 millones de venezolanos que huyeron de su país y la gran mayoría está en la región. Ese número es casi la misma población del exilio sirio. La venezolana es una de las dos o tres situaciones de desplazamiento más grandes del mundo», expresó el alto comisionado de Acnur, Filippo Grandi, en una entrevista con Efe durante su visita a Costa Rica la semana pasada.
Refugio, asilo, residencia o permisos temporales son los mecanismos a los que acuden o que los Gobiernos han activado en medio de algunos episodios de discriminación de los que son víctimas, además de su poca clara situación frente a la vacunación contra la covid-19.
«NO QUEREMOS A LOS VENECOS»
Esta es una de las frases despectivas que más se escucha en algunos países de la región en donde los brotes de xenofobia han estigmatizado a la población venezolana.
En Colombia, el rechazo a la presencia de los venezolanos es cada vez más latente debido a las noticias que circulan en los medios en donde los inmigrantes se ven involucrados en robos a los ciudadanos y en el transporte público señalándolos de los altos niveles de inseguridad en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Sentimiento que también está presente en Perú, en donde el alcalde de San Juan de Lurigancho, en el municipio de Lima, Álex Gonzáles Castillo, señaló que en su jurisdicción los delitos más violentos son cometidos por extranjeros.
Sin embargo, según datos compartidos por el Gobierno de Lima con la Acnur, solo el 1,8% de todas las denuncias presentadas en el país son contra venezolanos.
Argentina reaccionó con indignación a la violación de una joven venezolana presuntamente a manos de su jefe en el barrio porteño de Once, lo que generó todo tipo de manifestaciones tanto de la comunidad venezolana como del amplio espectro político y social argentino.
En el empobrecido y fronterizo estado brasileño de Roraima, en 2018 un grupo de habitantes de Pacaraima se manifestó contra la presencia de venezolanos al quemar sus objetos personales y las tiendas de campaña en las que dormían.
Por suerte ese tipo de discurso xenófobo fue cambiando: en las elecciones municipales de noviembre 3 de los 11 candidatos a la Alcaldía de Boavista, la capital estatal, tomaron como bandera política la supuesta «amenaza» de la inmigración venezolana, pero ninguno de ellos fue elegido.
Fuente: https://reliefweb.int/
