Suman 17 las personas vinculadas a los supuestos actos de corrupción que habrían sido cometidos en la adjudicación del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, y que constan en dos denuncias depositadas por ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la Corporación Aeroportuaria del Este.
Entre ellos figuran el ministro de Obras Públicas Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario; Diógenes Pimentel Aguiló, presidente en funciones de la Comisión Aeroportuaria, y Marino Collante, director del Departamento Aeroportuario, informó ayer la titular de la entidad, Laura Guerrero Pelletier.
En declaraciones para Hoy, la funcionaria dijo que en el primer expediente que ella recibió el 27 de julio pasado, la corporación de marras solicita investigar un total de 11 personas, que además de los tres citados son Radhamés Martínez Aponte, Aracelys Castillo de la Cruz y Héctor Arturo Villanueva.
También se incluye a Jonathan Estrada Pelletier, Carlos Lereaux de Moya, Odile Alburquerque Jiménez, Rafael Núñez Veloz, miembros de la Comisión Aeroportuaria; y al técnico Christiern Boberg, quien hizo el informe favorable a la construcción de la terminal aeroportuaria.
Indicó que en ese primer expediente se le solicita a la Pepca investigar a esas 11 personas “por la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución y otros delitos sancionados por el Código Penal.
“Al otorgar bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, de confomidad y no objeción, sin licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en el Municipio de Bávaro, provincia La Altagracia”.
Agregó que el día 3 de agosto en curso la Corporación Aeroportuaria del Este depositó un segundo expediente con el nombre de otras seis personas involucradas en el mismo proceso de adjudicación por hechos diferentes pero vinculados, lo que en derecho se llaman “hechos conexos”.
Esas personas son Francisco Bolívar León Paulino, director de Navegación y Aeronavegabilidad; Julio César Mejía Alcántara, coordinador técnico de la dirección Aeronavegabilidad; Félix Alejandro Rosa Martínez, encargado de Gestión de Tránsito Aéreo; Juan Ramón Cabrera Santana, encargado de Comunicación, Navegación y Vigilanciabilidad; Freddy Antonio Ruiz Lara, encargado de Seguridad y Operacionabilidad; y Julio César Rodríguez Alcántara, encargado de Gestión de Información de Aeronáutica.
La advertencia.
Una vez depositada esta última denuncia en la Pepca, la Corporación Aeroportuaria del Este y su presidente, Frank Rainieri Marranzini, le notificaron mediante acto de Alguacil al Idac, y al grupo de funcionarios de esa institución denunciados, así como a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, una advertencia para que “se abstengan inmediatamente” de firmar o suscribir contrato, dar autorización, permiso, poder, licencia, y la realización de estudios técnicos para el nuevo aeropuerto con la empresa Aeropuerto Intermacional de Bávaro AIB, S.A.S.
Todo eso, hasta tanto finalice el período de transición de las autoridades gubernamentales previsto para el 16 de agosto del 2020 en curso “cuando se producirá el cambio de autoridades y sea investigada la denuncia por corrupción administrativa” presentada por la sociedad Corporación Aeroportuaria del Este, S.A.S.
La Corporación Aeroportuaria del Este en su advertencia dice que si los denunciados no obtemperan al supraindicado requerimiento, ella “ se reserva el derecho de introducir en su contra las acciones civiles, penales, administrativas que sean necesarias, a los fines de salvaguardar sus derechos e intereses derivados de la gestión por más de 20 años del Aeropuerto de Punta Cana”, cumpliendo con todos los requerimientos legales establecidos por el Estado.
Qué hace la Pepca.
La procuradora anticorrupción dijo que esa dependencia del Ministerio Público se encuentra analizando toda la documentación depositada por la empresa denunciante, para entonces establecer los pasos a seguir para determinar la veracidad o no de la ocurrencia de los hechos denunciados.
“Es decir, estamos en la fase inicial de la investigación penal que es cuando se analizan los documentos, se hacen evaluaciones técnicas, levantamientos en el lugar de los hechos, que pueden ser entrevistas a personas de allí, a los denunciados o a los denunciantes, entre otras cosas”, explicó.
Informó que hasta el momento no se ha requerido la presencia de nadie para ser interrogado por la denuncia hecha por la Corporación Aeroportuaria del Este, a través de su abogado Miguel Valerio.
La denuncia.
La citada Corporación afirma que al otorgar su conformidad y no objeción al desarrollo, construcción, operación y explotación del proyecto aeroportuario en Bávaro, los funcionarios denunciados ante la Pepca podrían haber comprometido su responsabilidad penal “al adoptar una decisión arbitraria, a sabiendas de las irregularidades existentes…”
Señala que el 23 de enero de este año los miembros de la Comisión Aeroportuaria intimados dictaron “irregularmente la resolución 6796 sobre no objeción del proyecto, y que posteriormente, Estrada Pelletier instruyó a León Paulino para que gestionara la aprobación del proyecto ante la Comisión de la Dirección de Navegación, “convirtiéndose así en juez y parte del referido proyecto”.
Especifica la entidad que León Paulino, cumpliendo instrucciones, remitió el proyecto a los miembros de la Comisión de la Dirección de Navegación del Idac, quienes en tan sólo tres días emitieron el “Informe de Estudio y Opinión Sobre No Objeción desde la Perspectiva de los Servicios de Navegación Aérea para la Construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro”.
Con información del periódico HOY
