Melissa Peguero
La salud es un derecho humano de segunda generación, por el contexto histórico de su reconocimiento. Se encuentra además, en el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución Dominicana de 2010 modificada en el año 2015. Especificamente, en su artículo 6, establece el derecho de toda persona a la salud, otorgando al Estado el deber de “procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades” y garantizar la “protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables…”.
Este derecho se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y la mayoría de las constituciones del mundo. En ese sentido, podemos citar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales no sólo se refieren a la salud como una prerrogativa social exigible, sino que vinculan este derecho de forma directa con el principio de solidaridad del Estado en materia de seguridad social.
En la República Dominicana, se evidencian avances en materia normativa en lo que tiene que ver con el derecho a la salud: se promulgó la Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001; la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social No. 87-01, de fecha 9 de mayo del mismo año; se estableció además en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la Línea de Acción 2.2.1.2, que dispone que el Estado deberá fortalecer los servicios de salud, y trabajar en procura de la “prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata)”, entre otras.
No obstante, se han mantenido grandes dificultades y desafíos en materia de salud. No ha entrado plenamente en funcionamiento el sistema de atención primaria; las escasas Unidades de Atención Primaria (UNAP) existentes no cuentan con el personal y equipos médicos necesarios para su buen funcionamiento, lo que se traduce en dificultades de los ciudadanos de accesibilidad a los servicios médicos de prevención y tratamiento; hay aún una gran cantidad de dominicanos que no cuentan aún con un seguro médico y los que sí lo tienen se enfrentan a las altas tarifas establecidas como copago o diferencias, lo que genera un alto gasto de bolsillo para las familias; la salud especializada del sector público en muchos casos está concentrada en los hospitales provinciales y regionales, los cuales siempre tienen altas demandas de servicios con poco personal, por lo que las citas a pacientes generalmente se realizan en tiempos muy prolongados.
Pero lo más preocupante resulta ser la imposibilidad de los ciudadanos con enfermedades de alto costo de acceder a medicamentos, por la reducida cobertura de las Aseguradoras de Servicios de Salud. Las enfermedades de alto costo, como su nombre lo indica, son aquellas que ameritan atención y tratamiento de alta complejidad técnica y que resultan ser costosas.
El Estado dominicano cuenta con un Programa de Medicamentos de Alto Costo, que ha prestado ayuda a personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas. Estas ayudas, si bien es cierto que en muchas ocasiones resulta de difícil acceso para muchos, para quienes sí logran recibirlas constituyen un apoyo para los pacientes y sus familiares de gran trascendencia.
Los servidores públicos de hoy y del futuro, en vez de emitir opiniones inclinadas a que este programa es insostenible, por la cifra que implica cada año, deberían apostar al aumento de presupuesto para esta noble causa. Que el Estado dominicano gaste 8 mil millones de pesos por año para la compra de medicamentos de alto costo es mandatorio y necesario y lo que debería asumirse es un compromiso de aumento de esta cifra, que permita cada día brindar asistencia a muchos dominicanos que necesitan encarecidamente estos medicamentos y que por su alto costo aún no tienen acceso a ellos. Si los funcionarios asumen este compromiso, estarían sentando las bases para cumplir con la función del Estado de proveer a sus ciudadanos la protección y asistencia que implica el derecho a la salud.
