Ángel Lockward
SANTO DOMINGO. Da miedo la cantidad de ruido judicial y declaraciones disparatosas que evidencian la ignorancia de algunas autoridades en cuestiones básicas de sus cargos y, en ese orden, hay que valorar – hasta hoy - el buen juicio de Abinader.
He visto el caldeado animo de denuncias producido por la autorización dada para el Aeropuerto de Bávaro en contra de la Consultoría y del Ministro de Medio Ambiente, entre otros órganos: Esos actos Administrativos ejecutorios podrían – no lo sé - contener vicios pero no son susceptibles de acción penal hasta que la Jurisdicción Administrativa los anule, en consecuencia lo que leemos en la prensa, es sólo ruido para crear opinión pública.
Tampoco cabe esperar que el Presidente Abinader o sus ministros, anulen el decreto o las resoluciones, puesto que siendo ejecutorios, dictados en atribuciones constitucionales y legales, ya carecen de esa facultad: Sólo la justicia administrativa puede anularlos, la penal carece de esa atribución.
El alcalde de Higuey se despacha declarándose “imparcial”, otro desliz, puesto que la facultad de autorizar el uso de suelos – pendiente en el decreto – es del Concejo de Regidores, órgano obligado a dar o no dar, la No Objeción al uso de suelos en virtud de que ese municipio como casi todos, carece de un Plan de Ordenamiento Territorial: Lo que decida – o no decida - el Concejo, también es objeto de la Jurisdicción Contenciosa, en ese caso, en el Tribunal de Primera Instancia de Higuey: El Ayuntamiento no puede ser imparcial en una disputa, simplemente no es parte de ella, pero está obligado a resolutar – motivadamente - sobre el permiso cuando lo soliciten.
Los opositores al nuevo aeropuerto están andando el camino de la denuncia, no de la nulidad de los permisos y, en el ínterin se están consolidando los derechos, indebidamente atacados, al hacerse definitivos, si los actos no son atacados dentro del plazo establecido en la ley: En derecho el ruido para crear opinión pública ayuda, pero no resuelve.
Más cerca, en Santo Domingo Este, en un Acto del Príncipe, el Presidente Medina inauguró la Terminar de Transporte del Este, cuya suspensión ordenó cautelarmente el Tribunal Superior Administrativo hasta que se realizaran unos estudios medioambientales y el tema de uso de suelos, que no sabemos si se hicieron: Parece que el Poder Ejecutivo no invitó al acto al Alcalde Manuel Jiménez, una descortesía innecesaria, pero hoy, el hecho es que la terminal esta lista, no parece constituir ningún daño, resuelve un problema serio de transporte, desarrabaliza el entorno y se ve bastante bien: El Alcalde, quien ganó en los tribunales y en las urnas… debería dejar ese tema ya, no tiene utilidad práctica.
El Presidente Medina, a quien el Presidente electo, Luís Abinader, dio un espaldarazo al declarar que el primero es Presidente de la República hasta el 16 de agosto, luce muy activo – pero debe ser cuidadoso -; en otra decisión concedió la ciudadanía a 750 extranjeros en el marco de la Ley 169-14, que incumplió en cuanto a la fecha límite para la regularización o repatriación de los extranjeros ilegales: Aquellos dos años “improrrogables” pasaron hace tiempo sin que se hiciera nada. Ojalá que no aparezca un “maco” en ese paquete.
Los actos administrativos de la actual administración, ejecutorios conforme a la Ley 107-13, en sentido general, no son revisables por las nuevas autoridades como han informado dirigentes que han sido anunciados como futuros ministros, eso sería, salvo casos excepcionales de lesividad, contrarios a la Constitución y a la Ley, empero, pueden ser anulados si se demuestran vicios.
Si de ellos se derivan infracciones del orden penal, los eventualmente imputables pueden ser sometidos a la justicia… previo dictamen de la Cámara de Cuentas, por ello, hasta que se cumplan los procesos, es bueno dejar el ruido y de hacer el ridículo.
