Las políticas anticíclicas generalmente son defendidas por los keynesianos, que consideran que el ciclo económico no tiende al equilibrio general, como pensaban los neoclásicos. Según ha comprobado la escuela keynesiana, el déficit y la inversión pública es el principal instrumento de política económica para amortiguar los efectos del ciclo. Así, en periodos de recesión o crisis, el gobierno debe intervenir, reduciendo tributos, promoviendo la expansión del crédito y aumentando el gasto, realizando inversiones que sean capaces de estimular la economía.
De esta forma, durante la actual crisis, donde el capital privado no tiene expectativas de ganancia que fomenten su inversión, el déficit público, es el que debe expandirse para poder restablecer el equilibrio económico y, según el proyecto de Presupuesto del 2021, nuestras autoridades consideraron el aumento del déficit público para estimular la recuperación económica, pero no han plasmado en ese proyecto de presupuesto la realización de inversiones en infraestructuras que sean capaces de estimular la recuperación económica.
Según estudios realizados por organismos internacionales y por el propio Banco Mundial, el PIB per cápita o renta per cápita aumenta a medida que aumenta la dotación y la calidad de las infraestructuras públicas y, si consideramos que en el corto plazo, la actividad de la construcción impulsa la demanda agregada, o sea, la cantidad de bienes y servicios demandados en el país en un período determinado, que a la vez estimulan el aumento de la producción, del empleo, de la renta y de los impuestos, sirviendo como herramienta de política anticíclica en épocas de contracción económica, como el actual.
Durante los períodos de prosperidad, el Estado debe aumentar la recaudación, creando un superávit para pagar sus deudas y formar un fondo de reserva que pueda ser utilizado durante las épocas de recesión o depresión económica; cosa que no se realizó en el período de expansión del PIB, habiendo pospuesto el necesario pacto fiscal que, de hacerlo hoy, en medio de esta crisis no contribuiría en nada. Esto ha provocado que las arcas del Estado se encuentren vacías y que el nivel de endeudamiento sea muy alto, limitando las posibilidades de maniobrar de las nuevas autoridades.
A propósito de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), su reglamento y, considerando la actual situación económica antes descrita, las APP´s pueden no ser la panacea, pero son una alternativa inteligente para desarrollar un amplio programa de construcción de obras de infraestructuras que contribuyan con la rápida recuperación económica, sin grandes aumentos de déficit, pero sí con el necesario aumento de la demanda agregada. Y como ya hemos dicho, en el largo plazo, el ingreso per cápita aumenta en la medida que aumentan las cantidades y las calidades de las infraestructuras públicas. Además, si la fuente de financiación o inversión es de fuentes extranjeras, contribuiría al equilibrio de la balanza de pago, mientras otras fuentes de divisas, como el turismo, permanecen deprimidas.
Sin embargo, todos los expertos coinciden en que este efecto puede reducirse si no se hace una adecuada gestión de selección y priorización de las obras, ya sea porque obedecen a intereses particulares y/o a compromisos políticos. Por lo que nuestras autoridades deben apelar a estudios realizados por profesionales y estructurados con criterios científicos, como el que elaboró la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) llamado ¨RD 2044¨ en el que se desglosa un muy amplio Plan de Desarrollo de Infraestructuras Nacional y se detallan 1,200 proyectos en toda la geografía nacional, para impulsar a una pronta recuperación económica al país, hacia el desarrollo y a una mejor calidad de vida de sus habitantes.
Juan Mejía
Economista y analista político
